Constitución de 1991: 35 años y nueva etapa institucional

A 35 años de la Constitución de 1991, Colombia conmemora tres décadas y media de vida institucional en medio del inicio de un nuevo gobierno

La Constitución de 1991 fue promulgada el 4 de julio de ese año. Reemplazó la Constitución de 1886, vigente durante más de un siglo. Ese cambio marcó el inicio de un nuevo modelo de Estado en Colombia.

La Asamblea Nacional Constituyente de 1991 diseñó un Estado Social de Derecho. Priorizó la dignidad humana, la democracia participativa y el pluralismo. Introdujo también la descentralización como principio de organización territorial. Entre sus aportes más visibles está la acción de tutela. Permitió a cualquier persona exigir la protección de sus derechos fundamentales. Se convirtió en uno de los mecanismos más usados del sistema judicial colombiano.

La Constitución de 1991 también creó la Corte Constitucional. Le dio la función de guardián de la supremacía constitucional. Hoy es un referente citado en otros países de la región. Otro cambio central fue el reconocimiento amplio de derechos fundamentales, económicos, sociales y culturales. Ese catálogo de derechos amplió las obligaciones del Estado frente a los ciudadanos. También abrió la puerta a nuevas formas de exigibilidad judicial.

La Constitución de 1991 fortaleció además la participación ciudadana. Introdujo mecanismos como el referendo, la consulta popular y la revocatoria de mandato. Buscó ampliar los canales de participación más allá del voto. Treinta y cinco años después, estos cambios siguen vigentes. Han definido buena parte de la vida institucional, judicial y política del país. Su influencia se extiende más allá del ámbito jurídico, hacia la economía y la gobernanza corporativa.

Una coincidencia con la transición presidencial de 2026

La Constitución de 1991 no distingue entre gobiernos de izquierdas o de derechas, sino que precisamente fue esculpida por un extraño equilibrio entre fuerzas conservadoras, liberales y progresistas.

Los conservadores lograron el 31,42% de la representación (PC, MSN, CI, UC); los liberales, el 35,72% (PL); los progresistas, el 30% (AD M-19 y UP); y los grupos indígenas, el 2,86% (AICO-ONIC). En comparación con el resto de los procesos de la región, las fuerzas en el caso colombiano lograron un extraño equilibrio alrededor del 33%.

Este aspecto es muy importante tenerlo en cuenta al momento de plantear en cualquier país un llamado al poder constituyente, ya que la oposición y la concertación entre las fuerzas son esenciales para poder redactar un contrato social que de verdad represente a todos los colores políticos a lo largo de décadas.

En la coyuntura de polarización actual de Colombia, ante las cenizas de un conflicto político-armado que todavía no termina. ¿Es una constituyente una solución sensata? ¿Se podría lograr un equilibrio en la representación como la del extraño caso de 1991?  ¿Se cumplen los difíciles procedimientos formales que se requieren para activar una Asamblea Constituyente?

Por tanto, exige a cualquier gobierno respetar los mismos límites institucionales. Esa exigencia no depende de la orientación política de turno.

Este aniversario coincide con el inicio de un nuevo gobierno en Colombia. La coincidencia no implica que este gobierno en particular represente un desafío distinto al de administraciones anteriores. Cada cambio de gobierno reactiva las mismas preguntas institucionales, sin importar quién asuma el poder.

Desde que empezó a regir la Constitución de 1991, el país ha vivido varias transiciones de gobierno. Cada una ha puesto a prueba, en mayor o menor medida, el mismo diseño institucional e incluido 64 reformas constitucionales por la vía de actos legislativos, entre ellas algunas de especial relevancia como la reforma política de 2003, la introducción de la reelección presidencial en 2004, la reforma al régimen pensional de 2005, la sostenibilidad fiscal y el Sistema General de Regalías en 2011, la reforma al equilibrio de poderes de 2015, las reformas derivadas del Acuerdo Final de Paz en 2016 y 2017, la reforma al control fiscal de 2019, la creación de las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz en 2021, el reconocimiento del campesinado como sujeto de especial protección constitucional y la creación de la Jurisdicción Agraria y Rural en 2023.

¿Se respetará la independencia judicial? ¿Se mantendrán los mecanismos de control? Son preguntas, entre otras, que se repiten desde 1991. Ese carácter rutinario es, en sí mismo, un logro de tres décadas y media de vigencia constitucional.

El gobierno entrante asumirá funciones en agosto de 2026. El proceso de empalme institucional repite un procedimiento diseñado hace 35 años: transparencia, plazos definidos y control ciudadano. La experiencia acumulada ofrece un punto de referencia claro para esta transición, como para las anteriores.

El sistema de pesos y contrapesos opera sin depender del signo político del gobierno entrante. Ese diseño proviene directamente de la Constitución de 1991 y ha demostrado continuidad en cada cambio de administración. Esa continuidad ha sido, quizás, el activo institucional más valioso construido en estos 35 años.

Implicaciones para el sector privado

Para el sector privado, cada transición trae ajustes regulatorios, sin necesidad de una ruptura institucional. Sectores como energía, salud, comercio y finanzas suelen sentir primero esos cambios regulatorios según la orientación y prioridades del gobierno entrante.

Las empresas que operan en Colombia suelen monitorear estos ciclos con atención. No para anticipar rupturas, sino para ajustar su planeación regulatoria y de cumplimiento. Las reglas básicas de propiedad, debido proceso y acceso a la justicia no cambian con cada elección. Esa previsibilidad permite planear inversiones y operaciones a mediano plazo, más allá del signo político del gobierno de turno.

Los mercados internacionales valoran precisamente esa continuidad regulatoria. Refuerza la posición de Colombia como destino confiable de inversión, incluso en medio de cambios de gobierno. La Constitución de 1991 sigue siendo la referencia común para medir esa previsibilidad. Este patrón se ha repetido en cada transición desde 1991, más allá del resultado electoral.

Nota editorial: Este Insight fue realizado en colaboración con la firma especializada en derecho constitucional Herrera, Sattler & Ossa.