La trampa de la soberanía argentina

Cómo la salida de Argentina de la OMS y la desregulación de patentes debilitan las herramientas que mantienen los medicamentos asequibles

En una misma semana de marzo de 2026, dos países vecinos de América Latina tomaron caminos opuestos frente al acceso a medicamentos. En Brasil, la patente principal de la semaglutida, el principio activo de Ozempic y Wegovy, expiró el 20 de marzo tras completar su periodo estándar de 20 años. La agencia reguladora brasileña, ANVISA, está evaluando 17 solicitudes de versiones genéricas, tres de ellas ya en etapas avanzadas. En Argentina, en cambio, el gobierno derogó la normativa de 2012 que impedía la extensión artificial de patentes farmacéuticas y completó su salida formal de la Organización Mundial de la Salud. En un país, el sistema de patentes funcionó como estaba previsto: terminó la exclusividad y comenzó la competencia. En el otro, se desmontaron las herramientas que permiten que ese proceso funcione.

Estas dos decisiones apuntan al mismo problema. Las reglas contra el evergreening evitan que las farmacéuticas registren patentes sucesivas sobre modificaciones menores —una nueva sal, una nueva forma de dosificación, un nuevo uso terapéutico—, cada una con su propio periodo de 20 años, extendiendo la protección monopólica mucho más allá de lo que correspondería para la molécula original. Por su parte, las organizaciones internacionales de salud proporcionan la infraestructura regulatoria y el poder de negociación colectiva que los países, por sí solos, no pueden replicar. Argentina decidió apartarse de ambos en el mismo mes.

El costo de salir de la OMS

Argentina completó su retiro de la OMS el 17 de marzo. Permanece en la OPS, que antecede a la OMS por 46 años y opera como su oficina regional en las Américas. El país mantiene acceso al fondo rotatorio de la OPS para la adquisición de vacunas. Sin embargo, gran parte del trabajo normativo de la OPS —sus guías, estándares y marcos regulatorios— proviene de la OMS. Argentina participaba en la gobernanza de ese proceso. Ahora ya no.

Las pérdidas concretas: Argentina ya no tiene voto en la Asamblea Mundial de la Salud, donde los países definen el Reglamento Sanitario Internacional y las actualizaciones de la Lista de Medicamentos Esenciales de la OMS. Pierde cooperación técnica en armonización regulatoria, el trabajo menos visible que permite a los reguladores nacionales mantenerse al día con estándares globales. Para los fabricantes farmacéuticos argentinos, la salida genera incertidumbre sobre su participación en el programa de precalificación de la OMS, que determina la elegibilidad para mercados de compras de Naciones Unidas.

El Colegio de Médicos de la Provincia de Buenos Aires calificó la decisión como «peligrosa”. Autoridades sanitarias en Formosa señalaron preocupaciones sobre la cadena de suministro. Argentina es el primer país, después de Estados Unidos, en intentar retirarse de la OMS. No existe un precedente claro sobre cómo se desarrollará este proceso, y eso por sí solo debería generar cautela.

El péndulo de las patentes

Durante tres décadas, Argentina ha oscilado en sus reglas de patentes farmacéuticas con cada cambio de gobierno. Antes de 1995, el país no otorgaba patentes de producto sobre medicamentos, lo que permitió el crecimiento de una industria local de genéricos basada en la copia de fármacos extranjeros. Con el gobierno de Menem, la Ley 24.481 introdujo la protección de patentes para cumplir con el acuerdo ADPIC, aunque las patentes farmacéuticas no entraron en vigor plenamente hasta el año 2000.

En 2012, el gobierno de Kirchner impuso lineamientos estrictos mediante una resolución conjunta que excluía de forma categórica varias clases de reivindicaciones secundarias —polimorfos, sales, enantiómeros, segundos usos médicos— de la patentabilidad. Investigaciones posteriores mostraron que su impacto real dependía menos del texto en sí y más de la capacidad institucional del INPI para aplicarlas de manera consistente.

En marzo de 2026, la Resolución Conjunta 1/2026 eliminó esas exclusiones categóricas y devolvió el examen de patentes farmacéuticas a criterios generales: novedad, nivel inventivo y aplicación industrial. Esta resolución es el primer paso en la implementación de un acuerdo comercial bilateral firmado el 5 de febrero, que también contempla disposiciones de exclusividad de datos, extensiones de plazo de patente y la adhesión de Argentina al Tratado de Cooperación en materia de Patentes. Solo esta adhesión facilitaría considerablemente que empresas multinacionales registren patentes en el país. La derogación de los lineamientos es el primer movimiento, no el juego completo.

La resolución incluye una cláusula de transición: los productos ya presentes en el mercado pueden seguir comercializándose sin pagar regalías. Pero se trata de un recurso que se agota con el tiempo. Protege a los genéricos existentes hoy, pero no a los nuevos entrantes, ni a nuevos medicamentos o formulaciones. A medida que el portafolio actual envejece y nuevos productos ingresan bajo reglas más flexibles, la cláusula pierde relevancia. La evidencia sobre competencia de genéricos es consistente: cuando su entrada se retrasa, los precios se mantienen entre un 40% y un 80% más altos.

Lo que ya es visible

Estas no son preocupaciones hipotéticas. En 2024, el PAMI, el sistema de seguridad social que cubre a los jubilados en Argentina, redujo la cobertura de medicamentos mediante resoluciones administrativas. Fueron tribunales federales en Tucumán y Mendoza, respondiendo a una acción colectiva, los que ordenaron restablecerla. Cada vez se repite la misma secuencia: el gobierno recorta, los pacientes pierden acceso y los tribunales intervienen. Esto no es política de salud. Es gestión de crisis desde el poder judicial.

Nadie discute que la investigación detrás de un medicamento como la semaglutida merece protección. La exclusividad de patentes es uno de los incentivos que hacen posible la investigación y el desarrollo farmacéutico, y los países que buscan acceso a nuevos tratamientos necesitan marcos de propiedad intelectual en los que los innovadores confíen. La industria farmacéutica ha sostenido durante años que los lineamientos de 2012 en Argentina eran demasiado restrictivos, al excluir categorías completas en lugar de aplicar un análisis caso por caso. Más allá de estar o no de acuerdo con esa crítica, el desafío de equilibrar incentivos a la innovación con el acceso a genéricos es real y merece ser tomado en serio.

Pero la respuesta a un marco restrictivo no es eliminar las herramientas. Argentina necesitaba un sistema mejor calibrado, que protegiera la innovación terapéutica genuina y, al mismo tiempo, bloqueara la extensión de exclusividad sobre modificaciones que no representan avances significativos para los pacientes. En su lugar, se eliminó la regulación sin crear un reemplazo, dejando a una oficina de patentes con recursos limitados la tarea de hacer esas distinciones por sí sola. La investigación sobre patentes secundarias en Argentina, India y Brasil ha demostrado que, incluso con reglas estrictas, los resultados dependen en gran medida de la capacidad institucional de los examinadores. Sin reglas, esa tarea se vuelve aún más difícil. Es en la brecha entre la ley y su aplicación donde prospera el evergreening. Argentina acaba de ampliarla.

La pregunta de fondo

Argentina debería fortalecer su sistema de propiedad intelectual. Todos los países deberían revisar estas herramientas periódicamente. Pero derogar protecciones contra el evergreening, salir de la OMS y sentar las bases para esquemas como la exclusividad de datos y la adhesión al PCT, todo en el mismo trimestre y vinculado a un único acuerdo comercial bilateral, comienza a parecer menos una modernización y más una concesión.

Brasil ofreció un contraste esa misma semana. Una patente expiró, los genéricos entraron al mercado y millones de pacientes están en condiciones de beneficiarse de precios más bajos. Así funciona un marco regulatorio cuando está bien diseñado: recompensa la innovación durante el periodo de patente y luego permite que la competencia haga el resto. Argentina está llevando a cabo el experimento contrario. Dos décadas de política farmacéutica en el sur global han dejado una lección clara: los países que mantuvieron estas herramientas lograron conservar medicamentos asequibles. Los que las abandonaron, no.

Nota: traducción oficial de Gresytone Consulting Group.

Referencias

1. «Semaglutide loses exclusivity after 20 years,» Mix Vale, March 20, 2026. Link
2. Resolucion Conjunta 1/2026, Boletin Oficial, March 18, 2026. Link
3. La Nacion, «Argentina formalizo su salida de la OMS,» March 20, 2026. Link
4. WHO Constitution, Articles 18-21. Link
5. WHO technical cooperation programs. Link
6. WHO Prequalification Programme. Link
7. «Medicos bonaerenses calificaron de ‘peligrosa’ la salida de Argentina de la OMS,» El Dia, March 18, 2026. Link
8. «Formosa refuerza su politica sanitaria y cuestiona el aislamiento nacional tras la salida de la OMS,» Agenfor, March 2026. Link
9. Law 24.481 (1995); pharmaceutical product patents took effect October 2000. Link
10. Resolucion Conjunta 118/2012, 546/2012, 107/2012 (Ministry of Industry, Ministry of Health, INPI), May 2, 2012. Link
11. Sampat, B.N. & Shadlen, K.C. «Secondary pharmaceutical patenting: A global perspective.» Research Policy, 46(3), 693-707, 2017. Link
12. Noetinger & Armando, «Argentina: Pharmaceutical Patents — New Patentability Framework,» March 2026. Link
13. Dickson, S. & Kent, T. «Association of Generic Competition With Price Decreases in Physician-Administered Drugs.» JAMA Network Open, 4(11), 2021. Link. See also Gupta, R. et al. Clinical Pharmacology & Therapeutics, 105(2), 329-337, 2019.
14. PAMI Resoluciones 2431/2024 and 2537/2024. Link
15. Urgente24, «Gran alivio para los jubilados: PAMI vuelve a dar medicamentos gratis,» 2026. Link