Economía circular: el nuevo estándar minero en Colombia

La reglamentación de la economía circular y la reconversión productiva establece un marco técnico que redefine el aprovechamiento de recursos y la transición socioeconómica territorial.

¿Sabía que el incumplimiento en los nuevos estándares de circularidad y reconversión podría activar la responsabilidad residual de sus administradores y bloquear la liberación de garantías financieras incluso años después de finalizada la operación? El sector minero enfrenta hoy una transformación regulatoria donde el residuo deja de ser un pasivo para convertirse en una obligación de gestión permanente que compromete el patrimonio corporativo.

El Gobierno Nacional ha publicado dos proyectos normativos fundamentales que reglamentan la Ley 2250 de 2022. Estas iniciativas buscan integrar la economía circular y establecer los lineamientos para la reconversión productiva. El Ministerio de Minas y Energía, junto con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, pretende transformar el modelo tradicional hacia uno de aprovechamiento integral y sostenibilidad. Estas normas imponen nuevos estándares técnicos para el manejo de residuos y subproductos del proceso minero.

La transición hacia una minería de «cero desperdicios» es ahora un objetivo estratégico de la política pública. Para las empresas, esto representa una reconfiguración de sus planes de trabajo y obras (PTO). La estabilidad de los proyectos dependerá de su capacidad para adaptarse a estas exigencias de circularidad.

Aprovechamiento técnico y planes de economía circular

La reglamentación del artículo 12 de la Ley 2250 introduce criterios técnicos críticos para la economía circular. El proyecto establece que los titulares podrán realizar el aprovechamiento secundario de minerales presentes en estériles, colas y escorias mediante el nuevo Plan de Aprovechamiento de Minerales (APAM). Es imperativo advertir que la ejecución de estas actividades sin la debida caracterización física y química o sin los permisos ambientales previos podría derivar en sanciones por explotación no autorizada. El APAM no es un trámite opcional; es el requisito técnico que permitirá a las compañías optimizar sus yacimientos bajo los nuevos estándares de sostenibilidad. La eficiencia en el uso de los recursos se convierte así en un criterio de conformidad que será auditado rigurosamente por la autoridad minera.

Reconversión productiva y transición territorial

Complementariamente, el proyecto de decreto sobre reconversión productiva reglamenta el artículo 20 de la Ley 2250 de 2022. Este programa busca diversificar la base económica de las comunidades ante el cierre o agotamiento de las minas. La economía circular se conecta aquí con la creación de nuevas oportunidades productivas que deben ser financiadas por el titular. Las empresas deben ser conscientes de que la falta de un programa de reconversión sólido puede impedir el cierre legal del título, manteniendo vigentes las obligaciones de canon y pólizas de manera indefinida. El Ministerio de Minas y Energía dictará los lineamientos para que esta transición sea financiada adecuadamente, lo que impactará directamente las provisiones de postcierre de las compañías. La responsabilidad empresarial ahora incluye asegurar la viabilidad futura de las zonas de influencia directa para evitar pasivos sociales.

Llamado a la acción: participación y riesgos asociados

Las organizaciones deben analizar con urgencia el impacto de estas normativas en su estructura de costos y en la responsabilidad de sus directivos. El plazo para comentar el proyecto de economía circular vence el 29 de abril de 2026, mientras que el de reconversión cierra el 21 de abril. Existe un riesgo latente: la «responsabilidad residual» por el manejo de pasivos ambientales bajo estos nuevos estándares de circularidad.

Un error en la estructuración del APAM o en el cronograma de reconversión puede activar procesos sancionatorios y afectar la reputación corporativa. La participación técnica en estos foros es la única vía para ajustar las cargas administrativas antes de que los decretos queden en firme. Blindar la seguridad jurídica de los proyectos requiere una intervención proactiva para alinear los intereses operativos con las nuevas exigencias del supervisor.