Invertir en Venezuela desde la óptica de asuntos públicos

Invertir en Venezuela hoy significa operar bajo licencias revocables y reformas de un gobierno interino, una combinación que redefine el riesgo regulatorio como una cadena de permisos interdependientes

El 10 de noviembre de 2026, la Asamblea Nacional de Venezuela aprobó una ley que abre el sector eléctrico a operadores privados y, ese mismo día, el Gobierno firmó un memorando de entendimiento con ExxonMobil para su regreso al país. Sin embargo, invertir en Venezuela depende hoy de tres capas de permiso que avanzan a ritmos distintos: las licencias de Washington, las reformas de un gobierno interino y una transición sin calendario electoral. Por lo anterior, la ventaja competitiva está en diseñar estructuras capaces de resistir un cambio en cualquiera de ellas.

Qué cambió para la inversión extranjera en Venezuela en 2026

Tras la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses el 3 de enero, el gobierno de la presidenta encargada Delcy Rodríguez impulsó reformas para atraer a quienes buscan invertir en Venezuela. La primera fue la reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, que permite a empresas privadas actuar como operadoras y habilita el arbitraje. El Ministerio de Hidrocarburos reportó cerca de 80 acuerdos comerciales con transnacionales, una cifra oficial sin verificación independiente.

En paralelo, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de Estados Unidos emitió licencias generales por sector para energía, minería y telecomunicaciones. Del mismo modo, el Fondo Monetario Internacional (FMI) reanudó relaciones con Venezuela en abril, aunque precisó que ello no implica financiamiento inmediato.

Tres capas de permiso detrás de la inversión en Venezuela

La primera capa corresponde a Washington, es la más dinámica y su intensidad depende de la contraparte: la OFAC precisa que las personas estadounidenses pueden realizar transacciones con el país y su población cuando no intervienen el Gobierno, sus empresas o personas bloqueadas. Cuando el socio es estatal, la Licencia General 49B autoriza negociar contratos de inversión en energía, pero condiciona su ejecución a una autorización separada. A su vez, la Licencia General 46E exige resolver las disputas con Petróleos de Venezuela (PDVSA) en Estados Unidos, el Reino Unido, Francia o Singapur, y canalizar los pagos a personas bloqueadas hacia los fondos creados por la Orden Ejecutiva 14373. Estos permisos pueden cambiar con rapidez, como ocurrió en marzo de 2025, cuando la OFAC convirtió la autorización de Chevron en una licencia de cierre ordenado.

La segunda capa es el marco venezolano. Como fue expedido por un gobierno interino, su permanencia dependerá de la institucionalidad que surja de la transición. Además, el marco va más allá de los hidrocarburos: la nueva Ley de Minas permite concesiones privadas de hasta 30 años y la ley eléctrica aún espera su reglamento.

La tercera capa es política y alcanza a todos los sectores. El 29 de octubre, la presidenta encargada anunció elecciones con una autoridad electoral renovada, sin fijar fecha. El 9 de noviembre, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, anticipó nuevos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia en diciembre y, luego, un nuevo Consejo Nacional Electoral.

Qué significa invertir en Venezuela según el perfil de cada empresa

Para las operadoras energéticas que evalúan invertir en Venezuela, la dimensión regulatoria es determinante, ya que la ejecución de un contrato contingente depende de una autorización cuyo momento no controla la empresa. Por tanto, el cronograma de inversión debe construirse en función de ella.

Por su parte, para proveedores y acreedores comerciales pesa más la dimensión jurídica. La Licencia General 58 permitió al Gobierno contratar asesores para una posible reestructuración, pero excluye la negociación directa con acreedores, y un comité de acreedores comerciales de PDVSA aún espera un mecanismo oficial para validar facturas impagas. Así las cosas, conviene documentar y preservar las reclamaciones desde ahora.

De otro lado, para empresas de consumo y servicios financieros, la dimensión política define el ritmo. El acuerdo de Nutresa para adquirir Industrias Tío Rico y la visita de más de 30 empresas portuguesas a Caracas muestran interés, aunque persisten dificultades con la banca internacional.

Finalmente, la dimensión reputacional y de derechos humanos exige una debida diligencia reforzada. La Licencia General 49B excluye contrapartes de Rusia, Irán, Corea del Norte, Cuba y China, lo que obliga a revisar la propiedad de cada socio. Igualmente, InSight Crime, un centro de pensamiento (Think Tank) y un medio de comunicación sin ánimo de lucro, ha documentado la presencia de grupos armados en la extracción de oro y coltán en el sur del país.

Riesgo regulatorio y oportunidad en la transición venezolana

El principal riesgo de invertir en Venezuela es que las condiciones cambien antes de recuperar el capital. Sin embargo, esa incertidumbre favorece a quienes entran con estructuras sólidas: arbitraje en sedes aceptadas por la OFAC, cumplimiento documentado y relacionamiento con gobierno, oposición y comunidad internacional. En ese orden de ideas, María Corina Machado ha pedido fijar pronto la fecha electoral porque daría certeza a los inversionistas extranjeros, señal de que la apertura económica ya forma parte de la negociación política.

Escenarios para la inversión en Venezuela hacia 2027

En un escenario probable, la renovación del Tribunal Supremo y del Consejo Nacional Electoral avanza entre diciembre y comienzos de 2027 y los contratos contingentes reciben autorizaciones de forma gradual. En un escenario favorable, se fija un calendario electoral con observación internacional y la reestructuración de la deuda se negocia formalmente, lo que reduciría el costo de invertir en Venezuela.

Por su parte, en un escenario restrictivo, retrasos en la transición o tensiones entre Caracas y Washington llevan a revocar licencias. Por ello, conviene monitorear la designación de magistrados, el nuevo Consejo Nacional Electoral y la Licencia General 5AA, cuya entrada en vigor está prevista para el 18 de diciembre.

Para profundizar

Sobre transición política e inversión en Venezuela

1. Clayton Seigle, «A Credible Path to Political Stability Is Indispensable for Trump’s Venezuela Oil Aspirations,» Center for Strategic and International Studies, 6 de enero de 2026, https://www.csis.org/analysis/credible-path-political-stability-indispensable-trumps-venezuela-oil-aspirations. Explica por qué el capital de largo plazo que requiere el sector petrolero venezolano espera una ruta verosímil de estabilidad política antes de comprometerse.
2. Jennifer McCoy, «Can Venezuela Move From Economic Stabilization to a Democratic Transition?,» Carnegie Endowment for International Peace, 28 de enero de 2026, https://carnegieendowment.org/emissary/2026/01/venezuela-economy-oil-democracy-transition. Analiza la relación entre la cooperación económica de corto plazo y la apertura política, y por qué el Estado de derecho condiciona las decisiones de los inversionistas.
3. Jason Marczak, James Story, Laura J. Richardson y Geoff Ramsey, «Steps to Secure a Prosperous, US-Aligned Venezuela,» Atlantic Council, 3 de febrero de 2026, https://www.atlanticcouncil.org/wp-content/uploads/2026/02/Memo-to-the-president-Steps-to-secure-a-prosperous-US-aligned-Venezuela.pdf. Plantea la independencia judicial y la protección de contratos como condiciones previas para flujos de inversión significativos.
4. Christopher Hernandez-Roy y Antonella Navarro, «Is Venezuela Moving Toward Democracy?,» Center for Strategic and International Studies, 23 de septiembre de 2026, https://www.csis.org/analysis/venezuela-moving-toward-democracy. Evalúa el desfase entre la recuperación económica y la reconciliación política, y el riesgo de que el arreglo interino se prolongue sin calendario electoral.