Ley de Familias Guardabosques queda en manos de la Corte

Entre el 04 de noviembre y el 09 de noviembre, la Corte Constitucional asumió un nuevo estudio de constitucionalidad

Estado del 05 de noviembre de 2026

Gobierno objeta, Congreso insiste: Familias Guardabosques llega a la Corte

Expediente: OG-172

PROYECTO DE LEY NÚMERO 244 DE 2024 SENADO – 429 DE 2025 CÁMARA. POR MEDIO DE LA CUAL SE CREA LA POLÍTICA DE ESTADO DE FAMILIAS GUARDABOSQUES Y SE ESTABLECE EL MARCO NORMATIVO PARA SU IMPLEMENTACIÓN EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL

“PRIMERO. ASUMIR la revisión de las objeciones gubernamentales presentadas al Proyecto de Ley No. 244 de 2024 Senado – 429 de 2025 Cámara, “por medio de la cual se crea la política pública de Estado de ´familias guardabosques´ y se establece el marco normativo para su implementación en todo el territorio nacional”, las cuales se encuentran radicadas en el expediente OG-172”.

Despacho encargado. MP. Paola Andrea Meneses Mosquera

Tema. La Corte Constitucional asumió la revisión de las objeciones gubernamentales formuladas al Proyecto de Ley No. 244 de 2024 Senado – 429 de 2025 Cámara, mediante el cual se pretende crear la política pública de Estado de «Familias Guardabosques» y establecer su marco de implementación en todo el territorio nacional. La iniciativa busca ofrecer alternativas económicas lícitas a familias campesinas, indígenas, afrodescendientes y comunidades rurales afectadas por los cultivos ilícitos, mediante incentivos económicos condicionados, acompañamiento técnico y productivo, fortalecimiento comunitario y protección ambiental. El proyecto contempla etapas de planeación y focalización, transición económica y acompañamiento integral, así como mecanismos de seguimiento, verificación y articulación institucional. El Gobierno nacional formuló objeciones por inconstitucionalidad e inconveniencia, posteriormente rechazadas por el Congreso de la República.

Las objeciones por inconstitucionalidad se fundamentan principalmente en el presunto desconocimiento del artículo transitorio 27 de la Constitución, incorporado mediante el Acto Legislativo 02 de 2017, que exige coherencia, integralidad y buena fe en la implementación del Acuerdo Final de Paz. El Gobierno sostiene que la creación de una política paralela podría debilitar el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS), al superponer competencias, estructuras operativas y recursos destinados al cumplimiento de los compromisos previamente adquiridos con las comunidades. También cuestiona que los artículos 24 y 25 permitan financiar la nueva política con recursos de programas existentes, lo que, a su juicio, podría vulnerar los principios de progresividad y no regresividad. Adicionalmente, considera que las disposiciones de financiación desconocen las exigencias de análisis de impacto fiscal previstas en el artículo 7 de la Ley 819 de 2003, al no contar con una estimación suficiente de costos y fuentes de financiación.

Las objeciones por inconveniencia se relacionan con la posible duplicidad de la política propuesta frente al PNIS y otros programas de desarrollo alternativo, las dificultades de coordinación institucional, la capacidad operativa y presupuestal de la Agencia de Renovación del Territorio y los riesgos de implementar la estrategia en áreas ambientalmente protegidas. El Ejecutivo también advierte eventuales problemas de técnica legislativa y seguridad jurídica. Frente a estos reparos, el Congreso de la República sostiene que la creación de «Familias Guardabosques» no implica necesariamente sustituir, derogar o desfinanciar los programas existentes. Según el informe de las comisiones accidentales, ambas estrategias pueden complementarse, pues persiguen finalidades relacionadas con la sustitución voluntaria de cultivos ilícitos, el desarrollo rural y la protección ambiental. Asimismo, señala que no puede presumirse una regresión constitucional a partir de riesgos hipotéticos de ejecución administrativa y que las consideraciones fiscales no constituyen, por sí solas, una prohibición para ejercer la potestad legislativa.

En consecuencia, el Congreso rechazó las objeciones gubernamentales y remitió el proyecto a la Corte Constitucional para que resuelva la controversia conforme al artículo 167 de la Constitución. El examen judicial deberá establecer si las disposiciones cuestionadas desconocen efectivamente los compromisos constitucionales derivados del Acuerdo Final de Paz, los principios de progresividad y no regresividad o las exigencias de sostenibilidad y deliberación fiscal. La revisión también permitirá determinar si la coexistencia de distintas políticas públicas de sustitución de cultivos ilícitos constituye una contradicción constitucional o si corresponde al margen de configuración legislativa del Congreso. La Corte deberá pronunciarse sobre los reparos de inconstitucionalidad, sin sustituir el juicio político de conveniencia que corresponde a las ramas Legislativa y Ejecutiva.

Nota editorial: Este Insight fue realizado en colaboración con la firma especializada en derecho constitucional Herrera, Sattler & Ossa.