Entre la protección agroalimentaria y el debate sobre la propiedad: el futuro incierto de las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos

Entre la protección agroalimentaria y el debate sobre la propiedad: el futuro incierto de las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos

Publicado por Greystone Consulting Group Latinoamérica.

El 30 de octubre de 2025, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural publicó para comentarios la resolución “Por la cual se declara un Área de Protección para la Producción de Alimentos (APPA) en los municipios de Tarso y Salgar de la región suroeste del departamento de Antioquia”. Con ella, se establecen parámetros técnicos y de ordenamiento para preservar más de 8.000 hectáreas rurales de alta productividad agrícola, reconociéndolas como determinantes del ordenamiento territorial de nivel 2.

La medida, sustentada en el artículo 32 de la Ley 2294 de 2023 (Plan Nacional de Desarrollo 2022–2026), busca garantizar la seguridad y soberanía alimentaria, proteger los suelos agrícolas frente al avance de la urbanización y el cambio de uso del suelo, y fortalecer la producción campesina, familiar y comunitaria.

Se trata de una de las resoluciones emitidas en aplicación del marco legal que regula las APPAs, lo que marca un paso importante en la puesta en marcha de este instrumento dentro de la política de ordenamiento productivo rural. El instrumento se fundamenta en los estudios técnicos elaborados por la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (UPRA), que definen las condiciones agroecológicas y productivas del territorio, así como las restricciones de uso que deberán ser incorporadas por los municipios de Tarso y Salgar en sus Planes de Ordenamiento Territorial (POT).

La declaratoria no prohíbe la actividad económica ni restringe la propiedad privada, pero sí establece directrices técnicas vinculantes que orientan el desarrollo rural hacia la protección de los suelos agrícolas estratégicos y la gestión sostenible del territorio.

Un debate legislativo que pone a prueba el alcance del modelo

Mientras el Gobierno avanza en la aplicación del marco normativo de las APPAs, en el Congreso de la República se tramita el Proyecto de Ley 434 de 2025/2026, que busca derogar el artículo 32 del Plan Nacional de Desarrollo y, con ello, eliminar la base jurídica de esta figura. La iniciativa, presentada en la Cámara de Representantes, argumenta que las APPAs resultarían inconvenientes para el desarrollo económico del país y vulnerarían principios constitucionales como la propiedad privada, la libertad de empresa, la autonomía territorial y la participación ciudadana.

Según su exposición de motivos, los autores sostienen que las APPAs podrían imponer restricciones desproporcionadas al uso del suelo, generando inseguridad jurídica para los propietarios rurales y desincentivando la inversión en sectores agroindustriales o de infraestructura. El proyecto cita estudios elaborados por el Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga, la Fundación para el Estado de Derecho y ProBogotá Región, que advierten que la norma podría afectar el principio de libertad económica y alterar el equilibrio entre ordenamiento territorial y derechos individuales.

Si esta iniciativa prospera, la eliminación del artículo 32 de la Ley 2294 de 2023 dejaría sin sustento jurídico las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos, afectando la coordinación interinstitucional entre el Ministerio de Agricultura, la UPRA y los entes territoriales. Además, podría generar incertidumbre sobre la aplicabilidad de los instrumentos de planificación rural ya en curso y sobre las inversiones destinadas a fortalecer la producción campesina en territorios priorizados.

Tensiones entre seguridad alimentaria, desarrollo económico y autonomía local

El debate sobre las APPAs se ha convertido en un punto de encuentro entre visiones distintas del desarrollo rural. Por un lado, el Gobierno y algunos sectores sociales defienden la necesidad de proteger los suelos de alta vocación agrícola como un asunto de seguridad nacional y sostenibilidad alimentaria, especialmente en un contexto de cambio climático y desigualdad territorial. Por otro, algunos gremios y centros de pensamiento sostienen que la figura podría restringir la iniciativa privada, interferir en la autonomía territorial y limitar la libre disposición del suelo por parte de los propietarios.

Más allá de las posturas, el debate evidencia la tensión entre dos principios constitucionales que deben armonizarse: el derecho a la alimentación y la función social de la propiedad, frente a la libertad de empresa y el desarrollo económico. Su resolución requerirá un diálogo técnico y político que permita garantizar tanto la sostenibilidad del territorio como la seguridad jurídica de los actores rurales.

La discusión legislativa sobre el artículo 32 del PND determinará el futuro de las APPAs como instrumento de política pública y, en general, marcará la orientación de la planificación rural y agroalimentaria en Colombia para los próximos años.

Greystone Consulting Group acompaña a entidades públicas, gremios, organizaciones rurales y empresas privadas en el análisis jurídico y regulatorio de los instrumentos de ordenamiento rural, la evaluación de impactos económicos y territoriales de las reformas propuestas y la definición de estrategias de participación y posicionamiento institucional frente al debate sobre el futuro de las APPAs.

Con una mirada preventiva e interdisciplinaria, Greystone ayuda a sus aliados a anticipar escenarios, gestionar riesgos normativos y fortalecer su incidencia en las discusiones legislativas y de política pública relacionadas con el desarrollo rural y la seguridad alimentaria. Además, nuestra firma mantiene a sus clientes informados y actualizados sobre las discusiones normativas y legislativas que pueden incidir en sus decisiones estratégicas, asegurando una comprensión oportuna de los cambios regulatorios y sus posibles impactos.

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