Justicia centrada en la gente: el nuevo documento de Fedesarrollo

Fedesarrollo publicó en junio de 2026 el documento de política Justicia centrada en la gente, una apuesta para reorientar la reforma del sistema de justicia en Colombia hacia la demanda de justicia de las personas

El texto fue elaborado por Gabriel Cifuentes, cofundador de Greystone Consulting Group Latinoamérica e investigador afiliado de Fedesarrollo, con el apoyo en investigación de la consultora María Paula Valcárcel de Greystone. El documento propone un cambio de paradigma en el sistema de justicia colombiano, en el que la justicia debe abandonar la lógica centrada exclusivamente en la oferta de servicios de justicia (juzgados, despachos, trámites y número de procesos) y pasar a una lógica centrada en las personas, en la que los servicios de justicia se diseñan con base en las necesidades legales de las personas que no son iguales en todo el territorio nacional.

Qué reveló diagnóstico de Fedesarrollo

La tesis central es contundente. En Colombia, el problema de acceso a la justicia no se explica únicamente por temas presupuestales, de congestión y de mora judicial. El cuello de botella está también en la ejecución del gasto, la gobernanza, la articulación territorial de todos los actores que intervienen en la resolución de conflictos y en la comprensión ciudadana de las rutas disponibles para tramitar las disputas.

Por lo anterior, el documento insiste en que la próxima reforma de justicia debe partir de la premisa de que las personas que se encuentran inmersas en un conflicto y tienen una necesidad justiciable no tendrían que ajustarse a los servicios de justicia existentes, sino que los actores que integran el ecosistema de justicia deben adaptarse y diseñar sus servicios a las necesidades y a la demanda de justicia real de las personas en Colombia. Para ello, es clave reconocer que las necesidades de justicia son diferentes para cada grupo poblaciones y en cada territorio del país. Es decir, no son iguales los conflictos que enfrentan mujeres y hombres, ni los que enfrentan las personas en las capitales del país a aquellas personas que viven en zonas periféricas.

 La visión de justicia centrada en las personas

“El acceso a la justicia debe entenderse como la posibilidad real de que las personas accedan a un sistema de apoyos familiares, comunitarios e institucionales que les permita resolver conflictos de manera oportuna y adecuada” (Cifuentes, 2026).

Esta apuesta que plantea el documento implica reconocer que no solo los jueces imparten justicia, sino que en una reforma judicial es importante tener en cuenta otros actores que son clave para el reconocimiento de un conflicto y su posterior tramite. Fedesarrollo enlaza esta visión con el Objetivo de Desarrollo Sostenible 16, con la declaración sobre el acceso equitativo a la justicia para todos para 2030 y con los principios de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) sobre justicia centrada en las personas, que descansan en cuatro pilares: diseño de servicios centrados en las personas, fortalecimiento de la gobernanza, empoderamiento ciudadano y planificación con datos y rendición de cuentas.

Las necesidades jurídicas como punto de partida

Uno de los puntos que resalta el documento es la importancia de tomar decisiones con base en las necesidades jurídicas en Colombia. A partir de encuestas de necesidades jurídicas 2013, 2022 y 2024, el documento muestra un patrón que se repite: muchas personas enfrentan conflictos, pero pocas deciden tramitarlos por vías institucionales; cuando lo hacen, las tasas de resolución siguen siendo bajas. Por ejemplo, en la Encuesta Nacional de Necesidades Jurídicas (ENJ) 2013, la tasa general de inacción fue de 49,2%, y solo una tercera parte de quienes intentaron resolver un conflicto acudió a un tercero; de esos casos, apenas 15% obtuvo un resultado efectivo. Además, solo el 2,8% de los conflictos llegó a un juez, mientras que la mayoría se tramitó ante autoridades administrativas o en la Fiscalía, lo que revela una justicia fragmentada y muchas veces fuera del radar judicial tradicional.

La ENJ 2022 refuerza ese panorama porque más de la mitad de las personas no hace nada frente al conflicto jurídico. Además, la gestión de los problemas justiciables depende de factores como género, edad, discapacidad, escolaridad, confianza institucional, acceso a internet y condiciones del hogar. También subraya que el acuerdo directo y la acción institucional aumentan significativamente la probabilidad de solución, mientras que la inacción es la ruta más frecuente.

La Encuesta de Necesidades y Satisfacción con la Justicia (ENJ) 2024 aporta una lectura muy actualizada: entre 2020 y 2022, el 60% de las personas encuestadas reportó al menos un problema legal, especialmente de carácter civil y cotidiano (familia, trabajo, deudas, consumo, salud y pensiones). Sin embargo, el 46% no hizo nada para resolverlo. Entre quienes acudieron a una ruta institucional, la tasa de solución fue de 33%, mientras que el acuerdo directo alcanzó 63%. La conclusión es que el sistema de justicia sigue llegando tarde o de manera insuficiente a los conflictos que más afectan la vida diaria de las personas.

Recomendaciones para fortalecer la gobernanza del sistema

A partir de ese diagnóstico, el documento formula recomendaciones que combinan reformas legales, ajustes de gobernanza y política pública. Entre estas se destaca fortalecer la gobernanza judicial e interinstitucional. En el texto se sostiene que la Ley 2430 de 2024 abrió una base importante, pero insuficiente, para coordinar a los múltiples actores del sector justicia. Por eso propone reglamentar de forma operativa la coordinación interinstitucional, clarificar roles, dotar de recursos técnicos y financieros a las instancias responsables y robustecer el papel del Consejo Superior de la Judicatura y del Ministerio de Justicia como articuladores del sistema. También insiste en que el Sistema Nacional de Estadísticas de Justicia (SNEJ) debe ponerse a funcionar plenamente e integrar datos de los Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos (MASC) y otros mecanismos comunitarios de resolución de conflictos, para que la política pública deje de decidir con ceguera métrica.

Congestión judicial y desafíos presupuestales

Otra gran línea de recomendaciones se relaciona con la congestión judicial y la expansión de la tutela. La presión del sistema no se resuelve solo con más despachos o más recursos. Por el contrario, se requiere fortalecer mecanismos alternativos de solución de conflictos, ajustar reglas de reparto y distribución territorial, así como repensar la respuesta institucional a una demanda que crece más rápido que la capacidad de evacuación.

En el documento se propone diseñar un plan presupuestal plurianual con metas de ejecución e indicadores de resultado, porque el aumento de recursos no ha ido acompañado de una capacidad equivalente para ejecutarlos. Entre 2020 y 2024, la apropiación de inversión de la Rama Judicial creció de 276 mil millones de pesos a 1,13 billones, pero en 2024 apenas se ejecutó el 24 % de ese monto. A esto se suma que el gasto de funcionamiento concentra más del 87 % del presupuesto judicial, dejando a la inversión en una posición marginal. Para Fedesarrollo, el problema no es solo cuánto se asigna, sino cómo se distribuye, cómo se ejecuta y hacia dónde se orienta ese gasto.

Hacia una justicia más cercana y efectiva

En síntesis, el valor de este documento está en que reformula la conversación sobre justicia. No se trata únicamente de aumentar presupuesto, tener más jueces o modernizar trámites, sino de construir un sistema que escuche mejor, se comunique claramente, llegue más lejos mediante la transformación digital y resuelva más. La justicia colombiana debe dejar de medirse por su oferta y empezar a medirse por su capacidad real de comprender y gestionar los conflictos de las personas.

Nota editorial: Análisis elaborado con la colaboración de Gabriel Cifuentes, Ph.D. y María Paula Válcarcel.