El nuevo mapa fiscal de Colombia: oportunidades y riesgos de la nueva Ley de Financiamiento

En un entorno económico desafiante, el Proyecto de Ley de Financiamiento se presenta como un instrumento clave para fortalecer la sostenibilidad fiscal del país. No obstante, sus medidas también introducen nuevos desafíos en materia de competitividad, certidumbre jurídica y eficiencia tributaria.

Publicado por Greystone Consulting Group Latinoamérica.

Bases, objetivos y alcance del nuevo marco fiscal

El Proyecto de Ley de Financiamiento de 2025 marca uno de los esfuerzos más relevantes del Gobierno colombiano por restablecer el equilibrio de las finanzas públicas y garantizar la sostenibilidad fiscal en el mediano plazo. Bajo el título “Por medio del cual se expiden normas para el financiamiento del Presupuesto General de la Nación orientadas al restablecimiento del equilibrio de las finanzas públicas, la sostenibilidad fiscal, y se dictan otras disposiciones”, la iniciativa plantea un rediseño integral del sistema tributario con impacto transversal sobre hogares, empresas y sectores estratégicos en el país.

El objetivo central del proyecto es reducir el déficit fiscal sin sacrificar la inversión pública ni el gasto social. Para ello, se propone una ampliación de la base gravable del IVA, la creación de nuevos tributos y la introducción de ajustes a impuestos existentes como renta, patrimonio y ganancias ocasionales. En el fondo, la ley pretende diversificar las fuentes de financiamiento estatal, garantizar la progresividad del sistema tributario y fomentar la formalización económica.

Entre los cambios más significativos se encuentra la modificación del impuesto sobre las ventas (IVA), que ahora se aplicará a nuevas categorías de bienes y servicios, incluidos los juegos de suerte y azar, los servicios de esparcimiento y deportivos y determinados combustibles líquidos. Además, se actualizan las tarifas para productos como los licores y bebidas alcohólicas, destinando parte de este recaudo al aseguramiento en salud.

En materia de impuestos directos, el proyecto introduce una nueva estructura de tarifas para el impuesto de renta, con incrementos para personas naturales de mayores ingresos y un aumento de hasta 15 puntos porcentuales para instituciones financieras, aseguradoras y entidades del mercado de valores, lo que eleva su tarifa efectiva al 50%. Paralelamente, se crea un impuesto especial a la extracción de hidrocarburos y carbón con una tarifa del 1% sobre la primera venta o exportación, que busca compensar la volatilidad de los precios internacionales y generar recursos adicionales en un contexto de transición energética.

Otro elemento relevante es la actualización del impuesto al patrimonio, que aplicará a quienes posean activos iguales o superiores a 40.000 UVT, con tarifas progresivas de entre 0,5% y 5%. Esta medida busca fortalecer la equidad fiscal y ampliar la participación de los contribuyentes de mayores ingresos en el sostenimiento del gasto público.

Finalmente, el texto incorpora incentivos para la inversión sostenible y la mitigación del cambio climático, como la deducción del 50% de las inversiones certificadas en proyectos de generación de energía a partir de fuentes no convencionales (FNCE), la exención del IVA para equipos y servicios destinados a la eficiencia energética, y ajustes al impuesto nacional al carbono, que incrementa su tarifa progresivamente hasta alcanzar tres UVT por tonelada de CO₂ equivalente.

Impactos económicos y desafíos regulatorios

El alcance de esta propuesta normativa es amplio y heterogéneo. Algunos sectores productivos enfrentan una presión tributaria más alta, mientras otros se benefician de incentivos o exclusiones.

El sector minero-energético, históricamente clave en la generación de divisas y recaudo fiscal, se convierte en uno de los principales afectados. La combinación de mayores tarifas en renta, el impuesto especial por extracción y el aumento progresivo del impuesto al carbono puede reducir la competitividad de las empresas extractivas, acelerar la desinversión en exploración y reconfigurar la estructura de costos del sector.

El sector financiero también experimentará un incremento considerable en su carga tributaria, pasando a tributar una tarifa total del 50%. Esta medida se justifica por su alta rentabilidad y busca incrementar la contribución del sistema financiero al equilibrio fiscal. Sin embargo, podría afectar la disponibilidad de crédito y el costo del financiamiento empresarial.

En contraste, la agroindustria y la manufactura alimentaria cuentan con alivios parciales mediante la aplicación de tarifas del 5% para insumos agrícolas, harinas, aceites vegetales, maquinaria y equipos destinados a la producción agropecuaria. Estos ajustes buscan proteger la cadena alimentaria y contener la inflación. Por su parte, los sectores de energías limpias y tecnología ambiental son los grandes beneficiarios, gracias a los estímulos fiscales y a la promoción de inversiones en transición energética, innovación y gestión eficiente de la energía.

Desde el punto de vista jurídico y operativo, el proyecto introduce retos considerables. La ampliación de responsabilidades tributarias, el fortalecimiento de los mecanismos de fiscalización por parte de la DIAN y la necesidad de cumplir con normas más estrictas de transparencia y trazabilidad exigirán a las empresas revisar sus estructuras corporativas, contratos y políticas de cumplimiento. Asimismo, el aumento de obligaciones en materia de IVA, renta y carbono requerirá ajustes tecnológicos y contables que garanticen la correcta declaración y pago de los tributos, así como la prevención de sanciones administrativas y reputacionales.

En este contexto de complejidad normativa y transformación fiscal, Greystone Consulting Group se consolida como un aliado estratégico para las organizaciones que buscan anticiparse a los riesgos jurídicos y financieros que podría generar la aprobación de esta ley.

Desde nuestra experiencia en análisis regulatorio, gestión tributaria y gobierno corporativo, acompañamos a empresas de todos los sectores en la evaluación de impactos, la planeación fiscal responsable y la implementación de estrategias de cumplimiento que aseguren la sostenibilidad de sus operaciones. Nuestro enfoque interdisciplinario, basado en la comprensión del entorno legal, económico y reputacional, permite convertir la incertidumbre regulatoria en una oportunidad de fortalecimiento institucional. En un entorno tributario cada vez más exigente, la anticipación y la gestión del riesgo son claves para garantizar la estabilidad y la competitividad empresarial.

Greystone Consulting Group Latam