Centros de Servicios Compartidos en el sector solidario: una estrategia de eficiencia con retos de gobernanza y control

En un entorno financiero en constante transformación, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público presentó el Proyecto de Decreto “Por el cual se establecen reglas para el uso de Centros de Servicios Compartidos, esquemas de cooperación, coordinación y mecanismos de apoyo externo”, actualmente abierto a consulta pública hasta el 29 de octubre de 2025. La iniciativa busca fortalecer la capacidad operativa y de gestión de las organizaciones de la economía solidaria que prestan servicios de ahorro y crédito. Esto promueve un modelo de eficiencia colaborativa bajo la supervisión de la Superintendencia de la Economía Solidaria.

Publicado por Greystone Consulting Group Latinoamérica.

El proyecto, que modifica el artículo 2.11.13.2.2 del Decreto 1068 de 2015, reconoce que muchas cooperativas de ahorro y crédito y multiactivas con sección de ahorro y crédito enfrentan limitaciones estructurales, financieras y tecnológicas para cumplir con los requerimientos prudenciales y de supervisión de su categoría. En ese contexto, el Ministerio propone habilitar la vinculación voluntaria a Centros de Servicios Compartidos (CSC) u otros mecanismos de cooperación, como una vía para acceder a estándares de gestión y control de una categoría superior, optimizando recursos y mejorando la sostenibilidad del sistema.

Estos centros podrán asumir funciones relacionadas con gestión de riesgos, auditoría, tecnología, cumplimiento, tesorería, talento humano y demás procesos operativos o administrativos que puedan ser ejecutados de forma centralizada. Así, la cooperación entre entidades solidarias no solo busca reducir costos, sino también fortalecer la seguridad, la transparencia y la calidad de los servicios financieros ofrecidos a sus asociados.

Reclasificación y requisitos mínimos

Uno de los aspectos más destacados del proyecto es la posibilidad de que una entidad solidaria pueda reclasificarse voluntariamente a una categoría superior (de básica a intermedia, o de intermedia a plena) mediante su vinculación a un CSC o esquema equivalente. Esta medida promueve la integración sectorial y el cumplimiento gradual de estándares más exigentes, sin imponer procesos de fusión o absorción, lo que permite a las cooperativas mantener su autonomía jurídica y su identidad institucional.

El decreto dispone que toda entidad interesada en la reclasificación deberá presentar ante la Superintendencia de la Economía Solidaria una solicitud formal con un plan de vinculación o acceso al CSC. Dicho plan deberá detallar las funciones que serán asumidas por el centro compartido, los mecanismos de control interno, los niveles de responsabilidad compartida y las adecuaciones organizacionales necesarias para cumplir los requisitos de la nueva categoría.

Asimismo, el CSC deberá acreditar su capacidad técnica y operativa, demostrando que cuenta con personal idóneo, infraestructura tecnológica, procedimientos documentados y un sistema de control de riesgos que garantice el cumplimiento de las normas prudenciales aplicables. La Superintendencia evaluará estos elementos antes de autorizar la reclasificación, lo que refuerza el control institucional y la rendición de cuentas.

El proyecto también amplía el alcance regulatorio al señalar que los esquemas de cooperación, coordinación y mecanismos de apoyo externo podrán cumplir funciones similares a las de los CSC, siempre que cumplan las mismas condiciones mínimas. Esto abre la puerta a modelos de colaboración flexibles, adaptables a la realidad territorial y al tamaño de las entidades, aunque plantea desafíos en materia de homogeneización técnica y supervisión efectiva.

Implicaciones y desafíos regulatorios

El proyecto de decreto representa un paso relevante hacia la modernización del sistema financiero solidario, al promover estructuras que mejoren la eficiencia, la sostenibilidad y el cumplimiento regulatorio. Sin embargo, su implementación práctica implica abordar varios retos jurídicos y operativos.

En primer lugar, será fundamental definir con claridad la distribución de responsabilidades entre el CSC y las entidades vinculadas. Aunque el decreto impulsa la cooperación, no exime a las cooperativas de sus obligaciones legales ni traslada totalmente la responsabilidad al centro compartido. Por tanto, los acuerdos de colaboración deberán precisar los alcances, flujos de información y mecanismos de rendición de cuentas para evitar conflictos y riesgos de cumplimiento.

En segundo lugar, la supervisión y control de los CSC exigirá a la Superintendencia nuevos instrumentos de evaluación técnica y esquemas de monitoreo integrados. El reto será equilibrar el fortalecimiento del control con la agilidad en la aprobación de esquemas colaborativos, evitando que la carga regulatoria desincentive la participación de entidades pequeñas.

Finalmente, la creación de CSC implica inversiones en infraestructura tecnológica, interoperabilidad y ciberseguridad, además de una cultura de cooperación basada en la confianza y la transparencia. Si bien el decreto abre una oportunidad para la eficiencia, también exige fortalecer la gobernanza interna y preservar los valores democráticos y solidarios que caracterizan al sector.

Greystone Consulting Group acompaña a las organizaciones de la economía solidaria en el análisis técnico, jurídico y organizacional de este proyecto normativo. Nuestro equipo ofrece asesoría en la evaluación de impacto regulatorio, el diseño de estrategias de cumplimiento, la elaboración de convenios de cooperación y la planificación de procesos de reclasificación ante la autoridad de supervisión.

Desde un enfoque preventivo, Greystone ayuda a las entidades a anticiparse a los nuevos requerimientos, adaptando sus estructuras de control y aprovechando los beneficios de la colaboración interinstitucional. En una etapa clave de consulta pública, contar con un acompañamiento especializado permite participar activamente en el proceso normativo y prepararse para transformar el cambio regulatorio en una oportunidad de fortalecimiento institucional y sostenibilidad a largo plazo.

Greystone Consulting Group Latam