Comunidad Andina y el doble filo de su agenda de seguridad

La Comunidad Andina recibe bajo presidencia peruana una agenda de seguridad y conectividad cuyo diseño definirá si la seguridad vuelve a justificar restricciones al comercio intracomunitario

Entre febrero y junio de 2026, Ecuador gravó hasta con un 100% las importaciones colombianas y Colombia respondió con aranceles de hasta 75% sobre 191 productos ecuatorianos, en ambos casos con el argumento de la seguridad. El 30 de septiembre, Perú asumió en Quito la Presidencia Pro Tempore de la Comunidad Andina (CAN) con la seguridad regional como primer eje de su gestión. Esa coincidencia define el año que comienza, pues si la cooperación en seguridad se consolida dentro del bloque, pierde fuerza la justificación que suspendió el libre comercio andino.

Lo que recibe Perú al frente de la Comunidad Andina

El canciller peruano, Carlos Espá, fijó tres ejes: seguridad regional, gestión del riesgo de desastres con sostenibilidad ambiental y ciudadanía andina e integración fronteriza. Por su parte, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) priorizó la armonización normativa y la facilitación del comercio, y los ministros de comercio aprobaron las hojas de ruta del Cielo Único Andino y del Régimen de Cabotaje Intracomunitario Andino.

El contexto institucional es exigente, ya que el Consejo Presidencial Andino no se reúne desde agosto de 2022 y la Secretaría General de la Comunidad Andina propuso convocarlo en 2027.

La seguridad como bisagra del comercio en la Comunidad Andina

El conflicto de 2026 dejó una lección jurídica precisa. En las Resoluciones 2581, 2582 y 2583, la Secretaría General calificó como gravámenes y restricciones las medidas de ambos países y ordenó retirarlas. Su razonamiento anticipa lo que viene: el artículo 73 del Acuerdo de Cartagena admite excepciones por seguridad, pero exige demostrar finalidad, idoneidad, necesidad y proporcionalidad. Además, la Secretaría señaló que la Decisión 922, sobre lucha conjunta contra la delincuencia organizada, ofrecía alternativas menos lesivas para el comercio.

Sin embargo, el mecanismo funcionó con lentitud. La Secretaría resolvió tres meses después de la solicitud colombiana y los gravámenes se desmontaron en junio, mientras Ecuador mantiene acciones de nulidad ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (TJCA). El patrón tampoco es nuevo, porque en 2017 una tasa ecuatoriana de control aduanero corrió la misma suerte. En ese orden de ideas, la seguridad opera como un argumento recurrente para restringir el comercio y el sistema andino lo corrige cuando el costo ya se ha producido.

Por ello, que Perú encabece el bloque con la seguridad como prioridad tiene un doble filo. Si la cooperación existente, con más de 100 operativos coordinados en frontera, se convierte en el canal ordinario para atender las tensiones limítrofes, el incentivo para usar aranceles disminuye. Perú tiene, además, un interés directo, ya que la misma decisión ecuatoriana de diciembre de 2025 dejó a Huaquillas como único paso con territorio peruano.

Cuatro frentes de exposición para cadenas de suministro en la Comunidad Andina

En el plano operativo, la concentración logística es el principal punto de exposición. El 62% del volumen importado por Ecuador desde Colombia entre 2024 y febrero de 2026 cruzó por el puente de Rumichaca y al canalizar todo el comercio por ese paso el despacho pasó de un día a dos o tres. Por tanto, conviene medir cuánto del abastecimiento depende de un solo cruce.

Paralelamente, en el plano jurídico, las resoluciones de la Secretaría General tienen aplicación directa, lo cual abre a los importadores que pagaron la tasa ecuatoriana una vía para reclamar su devolución y confirma el valor de documentar el impacto de cualquier medida unilateral desde el primer día.

Por su parte, el Cielo Único Andino y el régimen de cabotaje están en la etapa en que se definen las reglas, ya que el primero exige armonizar normas, reconocer pasajeros entre países y reforzar la seguridad en los puntos de ingreso. Para aerolíneas, navieras y operadores multimodales, este es el momento de aportar evidencia técnica a los comités, antes de que los textos lleguen a la Comisión como proyectos de Decisión.

Finalmente, en el plano político, el canciller Espá atribuyó la oportunidad a la creciente convergencia de visiones entre los cuatro gobiernos. Esa convergencia facilita acuerdos, aunque depende de ciclos electorales, de modo que los compromisos que no se traduzcan en normas vinculantes quedarán expuestos a futuros relevos.

Riesgos y escenarios para la Comunidad Andina hasta 2027

En la Comunidad Andina, riesgos y oportunidades provienen hoy de la misma fuente. La agenda de seguridad puede reducir la probabilidad de nuevas medidas unilaterales si produce resultados verificables, aunque también puede justificar controles que encarezcan el tránsito formal. Del mismo modo, la armonización aérea y marítima abre rutas y reduce costos, al tiempo que exigirá ajustes regulatorios.

Con esos factores en juego, en un escenario probable la presidencia peruana consolida la cooperación en seguridad y avanza en las hojas de ruta sin aprobar aún normas vinculantes, con lo cual el riesgo arancelario se reduce de manera parcial. En uno favorable, el Consejo Presidencial se reúne en 2027 y respalda Decisiones sobre conectividad y un protocolo para canalizar las disputas fronterizas. En uno restrictivo, un incidente de seguridad reactiva medidas unilaterales y la demora del TJCA debilita la credibilidad del bloque.

Las señales que conviene monitorear son los pronunciamientos del TJCA sobre las acciones de nulidad, los proyectos de Decisión publicados en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena, la convocatoria del Consejo Presidencial y cualquier nueva tasa fronteriza justificada por seguridad.

Para profundizar

Sobre seguridad fronteriza e integración comercial andina

1. Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), «Perspectivas del Comercio Internacional de América Latina y el Caribe 2025: el comercio internacional en la nueva era de interdependencia instrumentalizada,» Naciones Unidas, 19 de noviembre de 2025, https://repositorio.cepal.org/server/api/core/bitstreams/7375883b-5e0a-4203-b2fa-dab429cbba4e/content. Aporta el concepto de interdependencia instrumentalizada, útil para entender cómo los instrumentos comerciales se emplean con fines ajenos al comercio, y documenta el bajo peso del intercambio intrarregional en América Latina.
2. Karen J. Alter y Laurence R. Helfer, «Transplanting International Courts: The Law and Politics of the Andean Tribunal of Justice,» Oxford University Press, 11 de enero de 2017, https://scholarship.law.duke.edu/faculty_scholarship/3714. Explica por qué el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha sido eficaz en propiedad intelectual y prudente en la agenda de integración comercial, lo que ayuda a calibrar qué esperar de las acciones de nulidad pendientes.
3. Jennifer Scotland, Carlos Solar y Elijah Glantz, «The Colombia–Ecuador Organised Crime and Security Nexus,» Royal United Services Institute (RUSI), 19 de junio de 2026, https://www.rusi.org/explore-our-research/publications/insights-papers/colombia-ecuador-organised-crime-and-security-nexus. Analiza la dimensión de seguridad detrás del conflicto de 2026 y propone mecanismos binacionales de cooperación, un insumo directo para evaluar el eje de seguridad de la presidencia peruana.