Elecciones 2026: tres agendas para el sector privado

Lo que cada candidato propone en materia fiscal, regulatoria y de política pública desde la perspectiva empresarial en las elecciones de 2026 en Colombia.

A cinco días de la primera vuelta, las elecciones 2026 concentran una pregunta central para el sector privado: ¿qué marco regulatorio, fiscal y de política pública definirá el próximo cuatrienio?

Iván Cepeda se mantiene como líder en intención de voto, mientras Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia protagonizan una disputa cerrada por el segundo lugar. Las encuestas coinciden en que ningún candidato alcanza una ventaja suficiente para garantizar una victoria en primera vuelta y el balotaje sigue siendo altamente probable.

Ahora bien, en 2025, Colombia cerró con un déficit cercano al 6,4% del PIB. Este es el punto de partida fiscal que heredará cualquier gobierno. Las tres propuestas analizadas responden a ese diagnóstico con visiones estructuralmente distintas.

Iván Cepeda: continuidad reformista con ajuste fiscal

Cepeda propone profundizar la progresividad tributaria mediante la ampliación de la base imponible, el gravamen de las grandes fortunas y la reducción de las exenciones a las grandes empresas. Su programa contempla una Ley de Austeridad Republicana para reducir gasto y redirigir recursos hacia inversión social. Aunque no descarta futuras reformas tributarias, su prioridad declarada es combatir la evasión, particularmente entre grandes patrimonios y sectores de mayores ingresos.

Para empresas con operaciones en sectores extractivos, su postura de transición energética gradual introduce variables de planeación estratégica de mediano plazo. En materia laboral, su programa apunta a la expansión de derechos y al fortalecimiento de Colpensiones, en línea con las reformas del gobierno saliente.

Paloma Valencia: disciplina fiscal y confianza inversionista

El programa de Valencia propone la reducción del impuesto de renta empresarial y del predial, la eliminación del impuesto al patrimonio y la simplificación del estatuto tributario, con una reducción del gasto público de 50 billones de pesos y el retorno a la regla fiscal.

Su orientación promercado incluye reducir la carga tributaria para las pymes, promover zonas francas regionales y ampliar los tratados de libre comercio. En el frente laboral, su propuesta contempla subsidiar el 30% del salario mínimo para empresas que contraten jóvenes entre 18 y 28 años. Para el sector energético, el programa propone la reactivación de hidrocarburos y posiciona a Colombia como hub energético regional. La viabilidad de los recortes fiscales proyectados depende de condiciones macroeconómicas cuya trayectoria no está determinada.

Abelardo de la Espriella: desmonte tributario y reactivación

De la Espriella plantea eliminar el 4×1000, bajar el IVA, recortar el aparato estatal en 40% y reducir los ministerios de 19 a 10, financiando el faltante con explotación intensiva de hidrocarburos, minería y fracking. Sus asesores económicos sostienen que la inversión se atrae con seguridad jurídica y certeza económica, no con señales discursivas. Su programa propone recuperar la exploración y producción de petróleo y gas, fortalecer la autosuficiencia energética y reformar las alianzas público-privadas para ampliar concesiones en infraestructura vial.

La fórmula vicepresidencial, José Manuel Restrepo, exministro de Hacienda, aporta respaldo técnico a la propuesta económica. La magnitud del ajuste fiscal proyectado requiere, para su evaluación rigurosa, mayor detalle sobre fuentes de financiamiento.

Tres visiones, un mismo entorno de riesgo

Las elecciones de 2026 no presentan solo una disputa electoral: presentan tres modelos de relacionamiento Estado-empresa con implicaciones directas sobre tributación, regulación laboral, política energética y seguridad jurídica. El análisis comparativo revela un país que se debate entre continuidad y ruptura respecto al gobierno Petro, con propuestas que van desde profundizar sus reformas hasta desmontar sus políticas de forma sistemática.

Para el sector privado, la pregunta relevante no es quién ganará. Es qué marcos regulatorios corresponde anticipar en cada escenario posible, incluida la segunda vuelta. La gestión del riesgo electoral comienza antes del resultado, no después.

Nota editorial: Análisis elaborado con la colaboración de Gabriel Cifuentes, Ph.D.