Resolución 0679 de 2025: ¿avance decisivo para la equidad de género en el sector justicia en Colombia?

De la norma a la acción: desafíos para una justicia con enfoque de género

El pasado 2 de mayo de 2025, el Ministerio de Justicia estableció los lineamientos para incorporar el enfoque de género en el sector administrativo de justicia y del derecho, mediante la Resolución 0679 de 2025 “Por medio de la cual se establecen los lineamientos y componentes para la transversalización del enfoque de género en el Sector Administrativo de Justicia y del Derecho”.

Esta Resolución es un instrumento normativo clave para operacionalizar el enfoque de género en el sector justicia, aplicable a entidades como el Instituto Penitenciario y Carcelario —INPEC—, la Unidad de Servicio Penitenciarios y Carcelarios —USPEC—, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado —ANDJE— y la Superintendencia de Notariado y Registro —SNR—. La norma establece tres grandes componentes:

1. Arquitectura institucional y capacidades para la igualdad de género: incluye acciones como diagnósticos de brechas, actualización de sistemas de información, formación interna y estrategias de comunicación.
2. Participación y rendición de cuentas: promueve la inclusión efectiva de mujeres y personas LGBTIQ+ en la toma de decisiones y el seguimiento ciudadano a la gestión institucional en materia de género.
3. Planificación, presupuesto y gestión para la igualdad: ordena la incorporación del enfoque de género en los procesos de planeación y ejecución presupuestal, incluyendo el uso del Trazador Presupuestal para la Equidad de la Mujer.

Para asegurar su implementación, la resolución crea la Mesa Funcional para transversalizar el enfoque de género, la cual es una instancia interinstitucional de articulación y seguimiento a cargo del Ministerio. Además, se establece un cronograma de seis meses para que las entidades adopten las estructuras requeridas para hacer operativa esta estrategia.

Esta norma responde a mandatos constitucionales e internacionales de derechos humanos que tiene Colombia de garantizar y respetar los derechos de las mujeres, tales como: la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer, que es el primer tratado enfocado en los derechos de las mujeres; la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer; la Declaración de Beijing, que marca una hoja de ruta para el empoderamiento femenino y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (“Convención de Belém do Pará”).

Entonces, la medida de incorporar un enfoque de género atiende a desafíos estructurales del sistema de justicia colombiano. Por ejemplo, la brecha entre participación y poder. Si bien el sector justicia incluye múltiples entidades, la Rama Judicial sirve como un caso representativo para analizar la desigualdad de género. De los 39.142 funcionarios en la Rama Judicial, 21.479 son mujeres, lo que muestra una participación mayoritaria del 54,87%. Sin embargo, esta mayoría no se refleja en los cargos de decisión y liderazgo[1]:

Este panorama confirma que, aunque hay una presencia significativa de mujeres en el aparato judicial, la representación femenina disminuye drásticamente a medida que se asciende en la jerarquía institucional, perpetuando dinámicas de exclusión del poder judicial.

Asi que, la Resolución 0679 busca revertir estas tendencias en todo el sector justicia. Este marco normativo no solo organiza la acción institucional, sino que busca generar un cambio estructural y sostenido que posicione la igualdad de género como principio rector de la gestión pública en justicia. Además, la Resolución responde a compromisos específicos asumidos en el Plan Decenal de Justicia, el CONPES 4080 de 2022 y el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026.

Desde Greystone Consulting, consideramos que esta resolución representa una oportunidad para impulsar transformaciones estructurales en el sistema de justicia. Sin embargo, por sí sola, no puede lograr el cambio profundo que se requiere. Para que el sector justicia en Colombia incorpore de manera efectiva un enfoque de género, se necesita la articulación decidida de todos los actores institucionales y, sobre todo, un cambio cultural dentro de las entidades del sector.

Aunque la Resolución 0679 es ambiciosa en sus planteamientos, enfrenta desafíos significativos para su implementación efectiva. En primer lugar, la resolución aplica únicamente al sector administrativo de justicia y del derecho, sin vincular directamente a la Rama Judicial, a la Fiscalía General de la Nación o a otras instituciones clave del sistema de justicia, donde persisten prácticas patriarcales, limitaciones presupuestales y resistencias institucionales al cambio.

Además, la resolución depende en gran medida de la voluntad política y la capacidad técnica de las entidades involucradas. Si bien establece un plazo de seis meses para adoptar estructuras que permitan su ejecución, no se asignan recursos concretos ni se prevé un mecanismo robusto de vigilancia externa que garantice su cumplimiento. Tampoco se contempla un enfoque territorial diferenciado que responda a las realidades de acceso a la justicia de mujeres indígenas, afrodescendientes, rurales o migrantes, quienes enfrentan barreras múltiples para el ejercicio de sus derechos. Esto pone en riesgo que el enfoque de género se reduzca a una política formal en los niveles centrales, sin una transformación real en los contextos donde más se necesita.

De esta manera, aunque la Resolución representa un paso valioso, su impacto dependerá de la traducción efectiva de sus lineamientos en acciones institucionales concretas, presupuestadas y monitoreadas, con enfoque interseccional y territorial.

Por ello, con base en los desarrollos normativos nacionales e internacionales y apoyados en los lineamientos de la Resolución, deben desplegarse proyectos orientados a la incorporación material del enfoque de género en todos los niveles del sistema de justicia. Esto implica, entre otras acciones, reconocer que los medios de acceso a la justicia deben contemplar la diversidad de género como un presupuesto esencial para la garantía efectiva de derechos.

Nuestro equipo está preparado para acompañar a entidades públicas y privadas en la implementación de políticas y estrategias con enfoque de género, contribuyendo a la construcción de una justicia más equitativa, legítima y representativa.

Notas:

[1] Datos Rama Judicial. Participación de la mujer en la rama judicial. Corte de información a 30 de diciembre de 2024