Hacia la garantía efectiva del derecho a la alimentación en Colombia: alcances y desafíos del nuevo proyecto de ley estatutaria

El 1 de octubre de 2025 fue radicado ante el Senado el Proyecto de Ley Estatutaria “Por medio del cual se desarrolla el derecho humano a la alimentación adecuada, se crea el Sistema Nacional para la garantía progresiva del derecho humano a la alimentación y nutrición y la soberanía alimentaria”. Esta iniciativa responde a la reciente modificación del artículo 65 de la Constitución, que elevó el derecho a la alimentación al nivel de derecho fundamental exigible. El reto, desde ahora, consiste en traducir ese mandato constitucional en acciones concretas, programas financiables y estructuras de gobernanza que permitan garantizar progresivamente el acceso a alimentos suficientes, inocuos, nutritivos y culturalmente pertinentes en todas las regiones del país.

Publicado por Greystone Consulting Group Latinoamérica.

El proyecto propone la creación del Sistema Nacional para la Garantía del Derecho Humano a la Alimentación y Nutrición, concebido como un espacio de articulación entre Gobierno Nacional, entidades territoriales, sectores productivos, academia, organizaciones sociales y comunidades étnicas. Su enfoque es territorial e intercultural, lo cual implica reconocer la diversidad productiva y alimentaria del país, las brechas territoriales en seguridad alimentaria y el papel de los sistemas agroalimentarios comunitarios en el abastecimiento local.

Como ley estatutaria, la iniciativa deberá surtir revisión automática ante la Corte Constitucional, lo que exigirá precisión conceptual, sustentos técnicos sólidos y, especialmente, una definición clara de las fuentes de financiación. Desde el inicio, se anticipa que uno de los debates centrales será cómo equilibrar el alcance progresivo del derecho con la sostenibilidad fiscal y operativa del Estado.

Arquitectura institucional y mecanismos de implementación

La propuesta plantea consolidar una estructura de gobernanza alimentaria con responsabilidades diferenciadas entre niveles de gobierno. El Gobierno Nacional coordinaría lineamientos estratégicos, planificación y financiación multi-sectorial, mientras que departamentos y municipios serían responsables de diseñar e implementar planes integrales de alimentación y nutrición en función de sus realidades territoriales. Esta distribución de competencias busca fortalecer la capacidad local, aunque también abre interrogantes sobre brechas institucionales entre territorios con recursos limitados y aquellos con estructuras consolidadas.

Asimismo, la iniciativa contempla el fortalecimiento de programas de nutrición dirigidos a poblaciones vulnerables, la promoción de sistemas agroalimentarios locales, el fomento de compras públicas a productores campesinos y la reducción de la dependencia externa en alimentos estratégicos. En materia fiscal, el proyecto sugiere la necesidad de nuevas asignaciones presupuestales y mecanismos de redistribución, lo que podría implicar ajustes sustantivos en los presupuestos públicos a nivel nacional y territorial.

Impactos y riesgos sectoriales: entre la garantía social y la sostenibilidad financiera

La aprobación y puesta en marcha de esta ley tendría impactos transversales en el sector agropecuario, la cadena de distribución de alimentos, la industria de transformación, el comercio minorista y las entidades públicas relacionadas con salud y bienestar.

En el sector agropecuario, el fortalecimiento de la producción local y la promoción de mercados de cercanía podrían incentivar la reactivación de economías rurales, particularmente en zonas de agricultura familiar y comunitaria. No obstante, también podrían surgir desafíos relacionados con la capacidad productiva, los requisitos sanitarios, la trazabilidad y la infraestructura logística, especialmente en regiones con baja tecnificación.

En la cadena de comercialización y distribución, el proyecto podría promover modelos de abastecimiento más equilibrados y sostenibles, aunque es probable que los actores del comercio minorista deban ajustar sus estrategias de compra y relación con proveedores, incorporando criterios de precio justo y origen local.

Para las entidades territoriales, la responsabilidad de diseñar e implementar planes de alimentación y nutrición puede representar una oportunidad para fortalecer la gestión pública, pero también un riesgo en territorios con baja capacidad administrativa, lo que podría traducirse en desigualdades en la garantía real del derecho.

Finalmente, desde una perspectiva fiscal y constitucional, la Corte deberá evaluar si las fuentes de financiación propuestas son suficientes para asegurar la progresividad del derecho sin afectar la sostenibilidad presupuestal. La ausencia de un plan claro de asignación de recursos podría generar tensiones entre derecho fundamental exigible y limitaciones fiscales estructurales.

En este escenario, Greystone Consulting Group puede acompañar a entidades públicas y privadas en la evaluación de impactos normativos y fiscales y la definición de modelos de gobernanza alimentaria acordes a las capacidades institucionales de cada territorio.

Nuestra firma también puede apoyar en el diseño de estrategias operativas y la articulación de programas intersectoriales orientados a garantizar progresivamente el derecho a la alimentación. Con un enfoque preventivo e integral, Greystone ayuda a que sus aliados anticipen riesgos, estructuren capacidades y se posicionen como actores activos en la construcción de políticas públicas de alto impacto social.

Greystone Consulting Group Latam