Reformas de salud en América Latina: análisis regional

Conozca el análisis técnico de nuestro asociado sobre las reformas de salud en América Latina, sus alcances, limitaciones institucionales y principales desafíos para los próximos años

Sobre el autor

Johnattan García Ruiz es analista en políticas públicas y sistemas de salud en América Latina y el Caribe. Forma parte de la red de expertos y profesionales asociados de Greystone Consulting Group Latinoamérica. Este artículo fue desarrollado en el marco de Health Systems in LAC, un proyecto personal orientado a la divulgación y análisis técnico de los sistemas de salud en la región.

Lo que viene para las reformas de los sistemas de salud en las cinco mayores economías de América Latina

En las mayores economías de América Latina, 2025 produjo consecuencias medibles derivadas de la contracción fiscal, de reformas bloqueadas de cara a elecciones decisivas y de esfuerzos de implementación a gran escala cuyos resultados aún son inciertos. Ahora, con Argentina enfrentando las secuelas de profundos recortes presupuestarios, y con transiciones presidenciales en Colombia y Chile que redefinirán el rumbo de la política en salud, y con México y Brasil poniendo a prueba si los nuevos programas e inversiones se traducen en una mejor cobertura, 2026 será un año decisivo. A continuación, un análisis de la situación de cada país y de los aspectos clave a seguir en el próximo año.

Argentina: Austeridad, corrección de rumbo y lo que muestran las cifras

Desde su llegada al poder en diciembre de 2023, la administración de Milei recortó el presupuesto del Ministerio de Salud aproximadamente un 48% en términos reales y eliminó más de 2.000 puestos en el ministerio, lo que representa casi una cuarta parte de su plantilla. No pudo ser en un peor momento. En los tres primeros trimestres de 2025, la incidencia de enfermedades transmisibles reportada aumentó drásticamente respecto al promedio de 2020–2024: sarampión (+1.650%), hepatitis A (+296%) y tuberculosis (+31%). Si bien cabe señalar que la cobertura de vacunación venía en descenso desde 2019, un Ministerio de Salud debilitado solo afecta la capacidad del país para responder adecuadamente. Los precios de los medicamentos han aumentado considerablemente, con estimaciones entre 200% y 300%, mientras que los volúmenes de ventas en el sector farmacéutico se contrajeron. El Hospital Pediátrico Garrahan, una de las instituciones públicas más importantes del país, perdió entre 200 y 300 profesionales.

Milei complementó los recortes con una desregulación estructural, abriendo las obras sociales a la competencia con las aseguradoras privadas al permitir que los trabajadores redirigieran sus aportes patronales. Datos preliminares sugieren que la transición ha sido disruptiva, en particular para las aproximadamente 200.000 personas que perdieron la cobertura privada debido a primas inaccesibles y fueron empujadas al sistema público.

A pesar de ganar las elecciones de medio término de octubre de 2025 de manera contundente (40,7% de los votos), la presión política previa, incluida una derrota de 13 puntos de los aliados del gobierno en la elección provincial de Buenos Aires en septiembre, así como la caída de los índices de aprobación, contribuyó a un giro en la política fiscal. El presupuesto 2026, el primero aprobado bajo la presidencia de Milei (que previamente había gobernado por decreto ejecutivo sin aprobación del Congreso), fue sancionado por el Senado 46 a 25 en diciembre, lo que elevó el gasto en salud en un 17% por encima de la inflación. Sin embargo, el gasto real sigue siendo un 24,6% inferior a los niveles de 2023.

Aspectos clave para 2026:

El decreto de emergencia sanitaria nacional fue extendido hasta diciembre de 2026, pero los prestadores siguen con incertidumbre sobre lo que vendrá después. El Congreso rechazó disposiciones que habrían derogado las protecciones de emergencia por discapacidad y el financiamiento universitario, lo que evidencia resistencia legislativa a mayores recortes. El financiamiento para salud mental enfrenta una reducción proyectada del 91,5%, aun cuando la demanda de servicios de salud mental ha aumentado entre un 12% y un 20% en el último año.

Colombia: Una reforma bloqueada, una elección abierta

El presidente Petro hizo de la reforma del sistema de salud la pieza central de su agenda, proponiendo reemplazar el modelo colombiano de aseguradoras privadas, el sistema de EPS que ha gestionado la atención sanitaria durante tres décadas, con gestores de orientación pública y canalizar el financiamiento directamente a través del fondo nacional de salud (ADRES). La reforma fue aprobada por la Cámara de Representantes en marzo de 2025 con 95 votos a favor. Luego se estancó.

La Comisión Séptima del Senado archivó el proyecto el 16 de diciembre con un voto de 8 a 5, tras nueve meses de dilación deliberada advertida por el gobierno Petro. Esta fue la segunda vez que el Senado bloqueó una reforma de salud de Petro, tras un resultado similar en 2024. El gobierno intentó implementar disposiciones mediante decreto, pero el Consejo de Estado de Colombia lo suspendió, argumentando que la Constitución asigna al Congreso, y no al Ejecutivo, la facultad de definir el modelo de servicio de salud. La oposición provino de una coalición inusual: grupos de pacientes, asociaciones médicas, centros de pensamiento, investigadores académicos y la industria privada, unidos por múltiples reparos al proyecto de ley, con argumentos que incluyen un sistema más fragmentado, el riesgo de un resultado financiero aún peor, la ausencia de un plan de transición creíble y un déficit estructural en el sistema existente, estimado en COP 29 billones (aproximadamente USD 7.300 millones).

Los indicadores clave sugieren una presión sostenida sobre el sistema. Las tutelas relacionadas con salud (reclamaciones judiciales por violación de derechos) alcanzaron 265.173 en 2024, un aumento del 34,1% respecto a 2023, y se proyecta que habrán llegado a 320.000 en 2025. Nueva EPS, con 11 millones de afiliados y actualmente bajo intervención del gobierno, enfrenta a hospitales y prestadores que le restringen servicios debido a deudas acumuladas e impagas. Las intervenciones de otras siete EPS sitúan a aproximadamente la mitad de la población asegurada bajo la responsabilidad del Estado.

Aspectos clave para 2026:

La atención en salud se ubica entre las tres principales preocupaciones de los votantes de cara a la elección presidencial de mayo de 2026. Con la reforma de Petro archivada (aunque una apelación formal sigue pendiente), el presidente entrante deberá enfrentar un sistema bajo presión financiera y operativa significativa. La pregunta central es qué marco de política reemplazará a la reforma fallida, ya que se requerirían cambios importantes independientemente del resultado electoral.

Chile: Un nuevo presidente, una agenda inconclusa

El 2025 de Chile estuvo definido por dos acontecimientos: la implementación de la Ley Corta de Isapres (que aborda las prácticas de fijación de precios de las aseguradoras privadas) y una elección presidencial que reorientó el panorama político. La Ley Corta, promulgada en 2024 en respuesta a un fallo histórico de la Corte Suprema de 2022, ajustó todos los planes a la tasa legal de cotización del 7%, eliminó los recargos por edad y sexo mediante una tabla de factores unificada, y ordenó a las aseguradoras reembolsar los cobros excesivos con plazos diferenciados: hasta 13 años para afiliados menores de 65 años, 5 años para edades entre 65 y 80, y 2 años para mayores de 80. Las estimaciones de la obligación total de reembolso oscilan entre aproximadamente US$1.200 y US$1.500 millones.

Por otra parte, el gobierno de Boric amplió la cobertura garantizada de salud (GES) a 90 condiciones prioritarias mediante el Decreto GES 2025-2028, respaldado por más de 100.000 millones de pesos en inversión anual, lo que representa la mayor ampliación del GES desde la creación del sistema. Sin embargo, la modernización más amplia de FONASA (el fondo de seguro público de Chile), originalmente concebida como un ambicioso Fondo Universal de Salud, se redujo a un conjunto de proyectos legislativos menores, la mayoría de los cuales quedaron pendientes al final del mandato de Boric.

Luego llegó la elección. En la primera vuelta de noviembre, el campo se fragmentó: Evelyn Matthei terminó con apenas un 12% en medio de un voto de derecha dividido (Kast 24%, Parisi 20%, Kaiser 14%, Matthei 12%). En la segunda vuelta de diciembre, José Antonio Kast ganó de manera contundente con un 58%, derrotando a la candidata de izquierda Jeannette Jara. Kast asume el cargo el 11 de marzo de 2026.

Aspectos clave para 2026:

El gobierno de Kast hereda el marco de reembolsos a largo plazo de la Ley Corta para las ISAPREs, pero trae una orientación política diferente, con una plataforma centrada en la seguridad, la recuperación económica y la inmigración en lugar de la salud. Asume el cargo sin mayoría absoluta en el Congreso. Si los avances en equidad de precios y ampliación de la cobertura bajo Boric, incluida la eliminación de copagos para los beneficiarios de FONASA, continúan o se redirigen hacia una administración socialmente conservadora con tendencias económicas de libre mercado, es una de las preguntas más trascendentales en política sanitaria de la región este año.

México: La prueba de la ejecución

El gobierno de Sheinbaum avanzó en 2025 con la consolidación de IMSS-Bienestar, la tercera reestructuración institucional en menos de una década, tras la sustitución del Seguro Popular por el INSABI, que a su vez fue disuelto en favor de IMSS-Bienestar. El gobierno anunció metas ambiciosas de infraestructura y personal para IMSS-Bienestar y programas vinculados, incluida la iniciativa de visitas domiciliarias ‘Salud Casa por Casa’ (con el despliegue de 20.000 profesionales para atender a 14 millones de beneficiarios) y el programa de Farmacias del Bienestar para ofrecer acceso gratuito a medicamentos.

Pero la brecha entre las metas declaradas y la ejecución operativa sigue siendo amplia. Se proyecta que IMSS-Bienestar gestione aproximadamente 50 millones de consultas generales en 2025, en comparación con los 90 millones que manejaba el Seguro Popular en 2016, pese a que la población de México es ahora mayor. El sistema opera actualmente en 19 de los 32 estados. El gasto público en salud cayó un 14,3% en el primer trimestre de 2025, el nivel más bajo desde 2010, frente a un presupuesto total de salud para 2025 de MXN 918.400 millones (un recorte del 11% respecto a 2024). México destina el 2,5% del PIB al gasto público en salud, muy por debajo del punto de referencia de la OPS del 6%.

Aspectos clave para 2026:

Entre los hitos principales se encuentran el lanzamiento de una credencial nacional de salud y de un sistema de expedientes médicos compartidos, que comenzaría entre mediados de febrero y marzo, y la expansión a nivel nacional de las Farmacias del Bienestar a los 32 estados. El presupuesto de salud asciende a MXN 965.000 millones, con un aumento del 11,7% para el IMSS, aunque otras dependencias enfrentan recortes (ISSSTE: -3,6%; servicios de salud de PEMEX: -3,4%). México firmó un plan de cooperación en salud 2026-2031 con la Organización Panamericana de la Salud centrado en la atención primaria y el fortalecimiento del sistema. El desafío central sigue siendo saber si la ejecución puede estar a la altura de las metas declaradas por el gobierno.

Brasil: Expansión incremental dentro de restricciones fiscales

Mientras sus vecinos llevaban a cabo reestructuraciones a gran escala o contracciones fiscales, Brasil optó por una expansión incremental de los programas existentes en 2025. El presupuesto del SUS (Sistema Único de Saúde, el sistema de salud universal de Brasil) alcanzó R$246.000 millones, un aumento del 6,2% interanual, complementado por un fondo de crédito de R$20.000 millones operado por el BNDES (Banco Nacional de Desarrollo) para infraestructura de salud y educación, del cual R$18.400 millones en proyectos de salud fueron aprobados antes de fin de año. Un plan separado de adaptación climática de R$9.800 millones para el SUS comenzó a preparar al sistema de salud para eventos climáticos extremos hasta 2035, un programa elevado en la COP30 en Belém, con compromisos filantrópicos adicionales por USD 300 millones.

La reforma tributaria añadió una dimensión de salud pública: los impuestos sobre bebidas azucaradas y tabaco, la tasa cero para canastas de alimentos saludables y una nueva ley que garantiza mamografías gratuitas a través del SUS para mujeres mayores de 40 años. En el sector privado, los reguladores propusieron un sandbox regulatorio para planes de seguro simplificados y accesibles que amplíen el acceso más allá del 26% de los brasileños que actualmente cuentan con cobertura privada, aunque la propuesta se encuentra actualmente suspendida a la espera de un fallo del Superior Tribunal de Justicia. El programa Mais Médicos de fortalecimiento del recurso humano alcanzó una escala récord, con casi 24.900 médicos desplegados en 4.200 municipios.

Aspectos clave para 2026:

El enfoque de Brasil se basa en ampliar el compromiso fiscal en las estructuras institucionales existentes, en lugar de emprender una reforma integral. La línea de crédito del BNDES aborda brechas de infraestructura, pero los analistas señalan que está fuertemente orientada a los hospitales, lo que plantea interrogantes sobre el equilibrio entre la inversión hospitalaria y la de atención primaria. La prominencia de la política sanitaria puede aumentar a medida que se acerquen las elecciones generales de octubre de 2026, con Lula buscando la reelección. El debate central sigue siendo si la inversión incremental puede seguir el ritmo de las necesidades de un sistema que muchos analistas consideran estructuralmente subfinanciado.

Caminos distintos, mismo desafío

Estos cinco países ilustran tres fases distintas del ciclo de reformas de sus sistemas de salud, y cada una conlleva sus propios riesgos en 2026. En los cinco, la lección de fondo es la misma: lograr la cobertura universal de salud exige no solo voluntad política en el momento de la reforma, sino también un compromiso sostenido a lo largo de las transiciones, las presiones fiscales y el lento trabajo de la implementación institucional.

Greystone Consulting Group Latam