Protección de la innovación vegetal: actualización del marco para el registro y certificación de variedades protegidas

El Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) publicó el 23 de octubre de 2025 el proyecto de resolución “Por la cual se establecen los requisitos para la obtención del Certificado de Derechos de Obtentor y el Registro Nacional de Variedades Vegetales Protegidas y se dictan otras disposiciones”, abierto a comentarios hasta el 22 de diciembre de 2025.

Publicado por Greystone Consulting Group Latinoamérica.

La iniciativa, liderada por la Subgerencia de Protección Vegetal, actualiza de manera integral el sistema de protección de variedades vegetales en Colombia, sustituyendo la normativa vigente desde 1995 (Resoluciones 1893 y 3123), con el fin de adecuarla a los avances científicos, tecnológicos y comerciales del sector agrícola.

El proyecto busca modernizar los procedimientos para la protección de nuevas variedades vegetales desarrolladas por obtentores nacionales e internacionales, estableciendo reglas claras para el registro, evaluación técnica y reconocimiento de derechos sobre innovaciones genéticas. De esta manera, el ICA pretende garantizar seguridad jurídica, promover la investigación agrícola y fortalecer la competitividad del país en materia de desarrollo biotecnológico.

La propuesta se fundamenta en los Decretos 2141 de 1992, 533 de 1994 y 4765 de 2008, compilados en el Decreto 1071 de 2015, que designan al ICA como la autoridad nacional competente para administrar los derechos de obtentor y mantener el Registro Nacional de Variedades Vegetales Protegidas. Esta figura confiere al titular la exclusividad para producir, reproducir, vender o comercializar material de propagación de una variedad nueva, cumpliendo con criterios de novedad, distinción, homogeneidad y estabilidad.

Modernización del registro y fortalecimiento de la propiedad intelectual vegetal

El nuevo marco propuesto busca simplificar y tecnificar los procesos administrativos, incorporando mecanismos de trazabilidad, evaluación genética y gestión digital de los expedientes. Entre sus principales innovaciones se destacan los procedimientos para el reconocimiento de derechos de obtentores extranjeros, la definición de requisitos técnicos para el registro de variedades y la adopción de parámetros internacionales de evaluación fenotípica y agronómica.

De igual manera, la resolución delimita con mayor precisión las etapas del procedimiento, desde la solicitud inicial y el examen de fondo, hasta la emisión del certificado de obtentor y la inscripción definitiva en el registro nacional. Se introduce, además, un componente de vigilancia posterior, que permitirá verificar el uso correcto del material vegetal y prevenir la comercialización no autorizada.

Este proceso de actualización normativa responde a la necesidad de alinear el sistema colombiano con los estándares de la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV), de la cual el país es miembro desde 1996. En ese sentido, el ICA busca no solo actualizar los procedimientos internos, sino también mejorar la interoperabilidad internacional, facilitando el reconocimiento recíproco de derechos y estimulando la inversión extranjera en investigación agrícola.

El texto también fortalece la función del Registro Nacional de Variedades Protegidas, que se consolidará como fuente de información pública, útil para investigadores, empresas y autoridades de control. La digitalización de estos procesos permitirá una mayor transparencia y reducirá los tiempos de trámite, tradicionalmente percibidos como extensos y complejos.

Impactos y desafíos para el sector agroindustrial y la investigación agrícola

La modernización del sistema de derechos de obtentor tiene implicaciones relevantes para el ecosistema agrícola, biotecnológico y académico del país. Para las empresas de semillas y biotecnología, representa una oportunidad de fortalecer la protección de sus inversiones en desarrollo genético, ampliando la seguridad jurídica frente a la reproducción o comercialización no autorizada de variedades.

Sin embargo, el cambio también plantea desafíos operativos. Las exigencias técnicas y documentales podrían requerir inversiones adicionales en caracterización genética, ensayos de campo y registro de trazabilidad, especialmente para pequeños obtentores, universidades y centros de investigación con recursos limitados. La necesidad de cumplir estándares internacionales en la descripción de las variedades podría elevar los costos iniciales, aunque a largo plazo aumentaría la confiabilidad y el valor comercial de las innovaciones protegidas.

Desde el punto de vista institucional, el proyecto refuerza el papel del ICA como autoridad técnica y garante de la propiedad intelectual vegetal, integrando sus procedimientos con los sistemas de vigilancia y control fitosanitario. A su vez, fomenta una relación más estrecha entre investigación pública y privada, impulsando la transferencia tecnológica y la diversificación genética de los cultivos agrícolas del país.

En términos globales, la nueva resolución también posiciona a Colombia en un entorno más competitivo frente a otros países latinoamericanos que ya han actualizado sus marcos de protección vegetal, como Chile, México y Brasil. Este paso puede favorecer la atracción de inversión extranjera, la cooperación científica y la inserción del país en cadenas globales de innovación agrícola.

En este contexto, Greystone Consulting Group acompaña a empresas del sector agrícola, biotecnológico y académico en la interpretación técnica y jurídica de los derechos de obtentor, la evaluación de impactos del nuevo marco regulatorio y la gestión estratégica del registro y protección de variedades vegetales ante el ICA.

Nuestra firma brinda asesoría especializada en propiedad intelectual aplicada al sector agroindustrial, compliance regulatorio, y gestión documental digital, garantizando que las organizaciones se adapten de manera eficiente a los nuevos procedimientos y estándares internacionales.

Greystone Consulting Group Latam